La Directiva 2009/33/CE, revisada en 2019, obliga a las administraciones y entidades contratantes de la UE a tener en cuenta los impactos energéticos y medioambientales durante la vida útil en la contratación de vehículos pesados, autobuses y servicios de transporte.
En su versión revisada fija cuotas mínimas de vehículos limpios(zero o bajas emisiones) en las contrataciones públicas a partir de agosto de 2021: el 45 % de los autobuses urbanos contratados deben ser de emisiones cero, cifra que sube al 65 % en el siguiente periodo. Es una palanca para electrificar las flotas de transporte público municipal.