La Directiva 2009/119/CE obliga a todos los Estados miembros de la UE a mantener reservas mínimas de emergencia de petróleo crudo y productos refinados equivalentes al mayor de estos dos valores: 90 días del consumo diario medio del año anterior o 61 días de las importaciones netas del año anterior.
En España, CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos) gestiona y supervisa estas reservas. Los operadores que comercializan carburante están obligados a mantener existencias mínimas de seguridad o a delegar parte de esa obligación en la propia CORES mediante el pago de la cuota correspondiente.
El objetivo es garantizar el suministro durante crisis geopolíticas, embargos o interrupciones de producción, dando margen de varias semanas para reorganizar los flujos de importación. El sistema nació tras la crisis del petróleo de 1973, que evidenció la vulnerabilidad de los países importadores.
España, que importa prácticamente todo el crudo que consume, depende especialmente de estas reservas: son el colchón que separa una disrupción del suministro internacional de un desabastecimiento real en las estaciones. La Agencia Internacional de la Energía coordina la liberación conjunta de reservas estratégicas entre países consumidores en emergencias graves.