La liberalización del mercado español de hidrocarburos fue el proceso que culminó con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. A partir de esa norma cualquier operador autorizado puede importar, refinar, almacenar y distribuir carburantes en España, sin necesidad de autorización especial de CAMPSA ni del Estado.
El proceso fue gradual. Tras la entrada de España en la CEE en 1986, el monopolio gestionado por CAMPSA tenía que desaparecer por incompatibilidad con el mercado único. En 1992 se liberalizaron las importaciones y en 1993 se disolvió el monopolio formal, repartiéndose los activos logísticos entre Repsol, Cepsa, BP y Shell.
Sus efectos sobre los precios han sido positivos pero lentos. La liberalización inicial concentró la red en pocos operadores integrados y la competencia en precio tardó en aparecer. La verdadera presión llegó con la entrada de operadores low cost desde 2010 y de las estaciones de hipermercado.
La Ley 34/1998 sigue siendo la norma marco del sector: regula la ordenación de las actividades de refino, transporte, almacenamiento y distribución, las obligaciones de existencias mínimas de seguridad y el papel de la CNMC como supervisor de la competencia en el mercado.