La liberalización del mercado español de hidrocarburos fue el proceso que culminó con la Ley 34/1998. A partir de esa norma cualquier operador autorizado puede importar, refinar, almacenar y distribuir carburantes en España, sin necesidad de autorización especial de CAMPSA ni del Estado.
Sus efectos a largo plazo sobre los precios han sido positivos pero lentos: la entrada de operadores low cost (desde 2010) y los hipermercados intensificaron la competencia en precio que la liberalización inicial no consiguió del todo.