Nadie lo fija de forma centralizada: el precio es libre desde la liberalización de 1998. Cada estación pone el suyo, condicionada por el coste del crudo, los impuestos (que sí marca el Estado) y la competencia de su entorno.
En España no hay un precio oficial del carburante ni un organismo que lo fije. Desde la liberalización del mercado en 1998, cada estación de servicio decide libremente su precio. Lo que sí fija el Estado es la parte fiscal: el Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA.
El precio que ves en el surtidor sale de sumar tres bloques: el coste de la materia prima (ligado al Brent y al cambio euro-dólar), los impuestos y el margen de la estación. Sobre ese margen actúa la competencia: en zonas con muchas low-cost los precios bajan; en autopista, sin competencia cercana, suben.
El papel del Estado es de vigilancia, no de fijación: el MITECO obliga a publicar los precios cada día en el Geoportal y la CNMC supervisa que no haya prácticas anticompetitivas.